Equipo Jurídico Pueblos

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lunes, 26 de septiembre de 2016

PROYECTO DE LEY 148 DE 2016 DEBE SER SOLO EL PRIMER PASO

Mientras persiste el colapso de las cárceles del país generando una sistemática y generalizada violación de derechos humanos, sigue haciendo mella en la opinión pública una concepción estrictamente retributiva de la pena, que reduce la justicia a la imposición de un castigo a quien se presume delincuente.

No solamente están revaluadas tales fundamentos filosóficos sobre la Justicia y la Pena, que han sido siempre útiles para justificar las relaciones de dominación “soberano-súbditos”; sino que la realidad misma que se vive en las cárceles y penitenciarías han constituido un campanazo de alerta que obliga no solo al Gobierno, sino a la sociedad en general a dar saltos cualitativos en la construcción real de nuevos paradigmas en la materia.

El proyecto de Ley 148 de 2016, es sólo un primer paso que busca o pretende flexibilizar y revestir de cierta coherencia el sistema penitenciario, así como avanzar en el respeto de la libertad y dignidad humana, derechos que pese a estar consagrados en la carta constitucional, son desconocidos al extremo en la realidad.

Los siguientes son solo elementos de una reflexión que aún se debe la sociedad colombiana. Al exponerlos buscamos proyectar discusiones hacia la construcción de paradigmas de justicia que realmente encuentren asiento real en la normativa penal y procesal penal del país, y que permitirían contribuir en la construcción social, conjunta y participativa de una nueva política criminal.
Conciliación prejudicial y mediación, ¿verdaderos mecanismos de justicia restaurativa?

La ley 906 de 2004 introdujo mecanismos de justicia restaurativa que se anunciaron como una figura novedosa y avanzada que buscaba compatibilizar la normativa interna con las recomendaciones de organismos internacionales, principalmente Naciones Unidas en esta materia. A continuación analizamos dos de ellos: La conciliación y la mediación.

La conciliación prejudicial

Las disposiciones relacionadas con la conciliación prejudicial en la ley 906 no responden a la esencia de la justicia restaurativa, por múltiples razones:

En primer término, porque se considera un mecanismo que obligatoriamente debe agotarse como requisito de procedibilidad de la acción penal, lo que lo convierte en un ejercicio que de entrada no consulta la voluntad de las partes en contienda, es decir, el posible imputado y la presunta víctima. 

Es probable que contra esta premisa se contraponga el argumento de que en desarrollo de la diligencia de conciliación no se forzarán acuerdos y que por tanto se escucharán en igualdad de condiciones las manifestaciones de las partes, en concordancia con el numeral 4 del artículo 519 de la Ley 906 de 2004.

Sin embargo, el artículo 522 del estatuto de procedimiento penal, prevé claras presiones (sanciones) que dan al traste con el respeto de la voluntad de las partes de acudir a este mecanismo de “justicia restaurativa” al prever que “La inasistencia injustificada del querellante se entenderá como desistimiento de su pretensión. La del querellado motivará el ejercicio de la acción penal, si fuere procedente”. 

De esta manera, la conciliación prejudicial se convierte en un mecanismo impositivo, a cuya concurrencia están obligadas las partes, lo cual rompe con al menos dos de los cuatro elementos básicos del proceso restaurativo, a saber: “la participación voluntaria de la víctima… y la participación no forzada del delincuente”

En segundo lugar, tal como se encuentra consagrada esta figura en el proceso penal colombiano, desconoce el principio según el cual “Los procesos restaurativos deben utilizarse únicamente cuando hay pruebas suficientes para inculpar al delincuente”.

Ello, en tanto el artículo 522 de la Ley 906 prevé en uno de sus incisos que la inasistencia del querellado a la citación del acusador “…motivará el ejercicio de la acción penal, si fuere procedente”, lo que indica que la norma no exige para activar dicho mecanismo, un análisis previo de la denuncia a la luz de las normas rectoras de la ley penal y menos aún el desarrollo de un ejercicio investigativo mínimo a partir del cual se permita inferir la probable autoría o participación del presunto sujeto activo de la conducta en la acción criminal endilgada.

En tercer lugar, tenemos que a la par que se vulneran los derechos del posible imputado, también se desconocen los de las víctimas principalmente los contemplados en los numerales a y f del artículo 11 de la Ley 906, esto es “a) A recibir, durante todo el procedimiento, un trato humano y digno;” “f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto” y rompe con el objetivo de “apoyar a las víctimas, darles una voz, motivarlas a expresar sus necesidades, permitirles participar en el proceso de resolución y ofrecerles ayuda” que se plantea en el manual sobre programas de justicia restaurativa de las naciones unidas.

Nada desdice más de tales prerrogativas, que ser convocado de manera obligada ante quien considera su agresor, sin siquiera un proceso de preparación o consulta previa que permita determinar cuáles son sus temores (incluso por razones de su propia seguridad), angustias o posturas sobre este punto.

De hecho, la práctica ha indicado que el primer contacto entre la víctima y el delegado de la Fiscalía para dar trámite a su querella, es justamente el momento de la conciliación prejudicial.
Sumado a ello, sus intereses son a tal punto desconocidos en la aplicación de la figura de la conciliación prejudicial, que su inasistencia conlleva obligatoriamente a la adopción de facto de una decisión discrecional sobre el ejercicio de la persecución del injusto.

La mediación

La figura de la mediación se entiende en la Ley 906 como el espacio de diálogo que habilita el delegado fiscal entre el presunto responsable de una trasgresión a la ley penal y la víctima, con propósitos de solucionar el conflicto que les enfrenta. Fue diseñado por el legislador “para los delitos perseguibles de oficio cuyo mínimo de pena no exceda de cinco (5) años de prisión, siempre y cuando el bien jurídico protegido no sobrepase la órbita personal del perjudicado, y víctima, imputado o acusado acepten expresa y voluntariamente someter su caso a una solución de justicia restaurativa” (art. 524). Para aquellas conductas oficiosas penalizadas con prisión en cuantía superior, los acuerdos entre víctima y presunto infractor de la ley, serán tenidos en cuenta sólo para el otorgamiento de beneficios, dosificación de la pena o purgamiento de la sanción.

La vía para tramitar la mediación es el principio de oportunidad, que a su vez condiciona su procedencia al cumplimiento de una suerte de penas alternativas.
En suma, la Ley 906 restringe el ámbito de aplicación real de este mecanismo de justicia restaurativa a contextos de criminalidad de bajo o mediano impacto social, que no trasciendan la órbita individual de la víctima o perjudicados.

Sin embargo, el mismo código de procedimiento penal, pese a excluir la posibilidad de aplicación del principio de oportunidad a graves violaciones de los DDHH, DIH y CLH, habilita esta figura frente a casos de mayor lesividad a los bienes jurídicos protegidos por la ley penal, que superan la órbita de afectación del individuo.

A diferencia de la mediación, para estos eventos, no se habilitan los espacios o escenarios de diálogo entre presuntos victimario y víctimas, lo que excluye la posibilidad real y efectiva de que estas últimas sean escuchadas y que sus intereses sean tenidos en cuenta; al punto que pueden recurrir la decisión que se adopte en sede de control judicial y que en desarrollo de la diligencia prevista para tal fin estén facultadas para controvertir las pruebas que aporte la Fiscalía. 

Si bien esta conclusión se torna discutible en la medida que es posible argumentar que la mediación procede también frente a delitos oficiosos con penas superiores a los cinco años, lo cierto es que no existe en la Ley 906 de 2004 una disposición que obligue a habilitar este escenario de justicia restaurativo frente a los mismos, ni que condicione la aplicación del principio de oportunidad a la voluntad de las víctimas. De hecho es común encontrarse ante acuerdos entre la Fiscalía y el procesado, en virtud de esta figura, en el que la víctima es citada con posterioridad, presionando prácticamente su bendición al mismo.

Algunas conclusiones

-    Tal como están previstos los mecanismos que en la ley 906 se refieren como de “justicia restaurativa”, realmente no se corresponden con el espíritu de la misma.

-    Aunque la ley pone a la víctima en el centro del proceso penal, ni siquiera los llamados mecanismos de justicia restaurativa le dan la importancia y trascendencia que ésta debe tener.

-    Los mecanismos de justicia restaurativa previstos en la ley 906, sólo resultan aplicables a contextos de criminalidad con lesividad menor o media de los bienes jurídicos tutelados, que no trascienda el círculo de afectación de la víctima.

-    La ley no contempla mecanismos que involucren la sociedad que resulta afectada con la criminalidad, indistintamente del grado de afectación del bien jurídico. Luego se desconocen los “Principios relacionados con los intereses de la comunidad y la sociedad local • La seguridad de la comunidad deberá asegurarse mediante medidas para promover la prevención del delito, la reducción de los daños y la armonía social • La solidaridad social deberá promoverse mediante el respeto de la diversidad cultural • La solidaridad social deber promoverse manteniendo la moral pública y el respeto por la ley”.

-    Las condiciones para cumplir en el período de prueba, no necesariamente responden a la necesidad de promover la prevención del delito. Ninguna ataca las causas del delito.

1. Ver Manual sobre programas de justicia restaurativa de naciones unidas. Versión virtual https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf. Pág. 8. 
2.Ver.https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Manual_sobre_programas_de_justicia_restaurativa.pdf. pág. 39

viernes, 23 de septiembre de 2016

Entrevista por Colombia Informa a Gloría Silva

LAS CÁRCELES COMO ESCENARIOS DE FORMACIÓN




22 sep. CI. – La abogada penalista y defensora de derechos humanos Gloria Silva Tovar, en entrevista con Colombia Informa, explicó cómo los diplomados de derechos humanos que se están dictando en las cárceles La Picota, Palogordo y el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta -Cocuc- son experiencias de formación para que los presos comprendan temas como la política criminal, los derechos humanos, las leyes, entre otros.
Colombia Informa: ¿De qué se trata la experiencia de los diplomados en las cárceles?
Gloria Silva: Los diplomados, o más bien las cátedras sobre derechos humanos desde diferentes perspectivas con la población privada de la libertad, surgen de la necesidad de generar escenarios de formación, para generar mayor capacidad en la población reclusa a la hora de entender y defender sus derechos en el contexto en el que se encuentran.
Por otro lado, también se trata de generar una mayor vinculación de la academia con esta población que ha sido una población históricamente excluida y, teniendo en cuenta todas las limitaciones que existen al interior de la institucionalidad, llevar a cabo verdaderos programas amplios que ayuden a ocupar y a generar mayor capacidad de reflexión, de análisis para las personas privadas de la libertad. Pensamos que es un avance muy importante para ayudar a concretar todo el trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos, también de las universidades por esta población excluida y bastante estigmatizada a nivel nacional. Creemos que los diplomados son una experiencia que apenas inicia, por lo menos de nuestra parte como defensores de derechos humanos.
Estos diplomados son de dos tipos, uno tiene que ver con un análisis de la situación en general de la crisis carcelaria pero por otro lado también es necesario generar una reflexión sobre lo que es el delito, los distintos tipos de criminalidad, el respeto a los derechos de las víctimas, y en el actual contexto nacional mirar como juega todo esto en lo carcelario, creemos que la población reclusa debe generar este tipo de análisis y reflexiones con miras a aportar a la construcción de la política criminal que respete tanto los derechos del procesado como de las víctimas.
C.I.: ¿En qué cárceles se realizó o se está realizando este proceso?
G.S.: La primera experiencia fue exitosa y se realizó en la cárcel de La Picota, en Alta Seguridad, fue una población reclusa diversa quiero decir que habían presos comunes, miembros del paramilitarismo, miembros de las insurgencias, población LGBTI, lo que permitió una gran riqueza en los análisis y en los debates que se llevaron siempre con mucha altura. En general fue una buena experiencia de integración al interior de la misma población reclusa que permitió entender, desde una misma línea, las distintas problemáticas que se generan en la población reclusa. Lamentablemente no se pudo realizar con la totalidad de funcionarios deseable porque creemos que es importante también ampliar esos espacios de formación a la guardia penitenciaria y al personal administrativo.
C.I.: ¿En ese espacio participaron reclusos y funcionarios?
G.S.: Pero del área administrativa que lamentablemente no pudieron seguir todas las clases por sus horarios. Se hizo un esfuerzo para que ellos conocieran los contenidos del diplomado y aportar, de una forma diferente, al espacio. Algo similar se está realizando ahora en Palogordo y es distinto al diplomado que iniciaría en Cúcuta, porque allí el punto fuerte será la perspectiva del derecho de la justicia desde las víctimas y desde la población que se encuentra privada de la libertad que se entiende ha incumplido la ley.
C.I.: ¿Cuál sería la diferencia entre este diplomado y el que inicia?
G.S.: El primero buscaba un análisis de la política criminal en Colombia desde todas sus incidencias en el ámbito carcelario, de lo que se llama el tratamiento penitenciario y el respeto de derechos en el encierro como tal, a la vez que la política criminal primaria, es decir, toda la criminalización o lo que se penaliza por parte de Estado, cuáles son los objetivos. Se trataba de analizar lo que se ha planteado, incluso por la Corte Constitucional y por el Consejo de Política Criminal, en el desarrollo de la política criminal en Colombia en los últimos años, que realmente es la que ha desatado toda esta crisis. Esto va más allá del tratamiento como tal en las cárceles (que para nada es resocializador sino más bien retributivo) sino también de la forma como se viene generando una política desorganizada, punitivista, populista, etc.
Ese fue el análisis y el gran aporte que se hizo en este diplomado, que tiene que ver con la construcción de algunos elementos que se incorporaron al proyecto de ley que busca generar un avance inicial en el desarrollo de una política criminal más garantista al derecho de la libertad.
El diplomado de Cúcuta tiene por objeto desarrollar más el derecho a la justicia desde los distintos tipos de criminalidad que existen en Colombia, porque no toda la criminalidad tiene la misma connotación. Con eso nos preguntamos si la justicia es actualmente igual o impunidad es igual a no cárcel y, si no es así,  cómo jugarían los derechos de las víctimas en contraste con los derechos de los procesados o de las personas que han sido privadas de la libertad.
C.I.: ¿Cuál ha sido la respuesta de los participantes a estos diplomados o cátedras?
G.S.: Muy buena. La experiencia, que no solamente ha enriquecido a la población reclusa sino pues a las mismas organizaciones de derechos humanos y a la academia, nos permitió entender cuáles son los intereses y las perspectivas de la población reclusa. Ellos y ellas empiezan a entender, e incluso a teorizar, su cotidianidad y esto ha generado procesos muy interesantes al interior de las cárceles. También es importante resaltar que aquí ha habido mucha voluntad no solo de la academia y de los docentes sino que debemos reconocer que ha habido un interés del INPEC para que esto se pueda llevar a cabo.
Esto es realmente algo nuevo. No había sido posible desmontar la prevención de las organizaciones de Derechos Humanos y este escenario nos dio la posibilidad de generar una mayor coordinación. No obstante, esto no ha implicado para nada que las organizaciones dejen de denunciar las irregularidades, ni que se ceda en la exigencia de derechos al interior de las cárceles. Al contrario, nos ha permitido ingresar de una manera distinta, conocer una realidad carcelaria de una forma más profunda y esto ayuda a construir, más allá de la denuncia, bases para la proposición de políticas alternativas en materia de derechos humanos.
Y por supuesto, en este punto podemos hablar de la importancia que puede la academia que se desarrolla de una manera mucho más participativa y más aterrizada a la realidad de las personas privadas de la libertad. Así como hubo una población diversa en el tipo de delitos que habían cometido, también hubo distintos niveles académicos; eso nos encontramos, que existe un aporte igualmente valioso de profesionales, como de campesinos que no alcanzaban a tener un nivel básico primario de educación formal. Fue posible, a medida que desarrollaba el programa de la cátedra, generar participación de unos y otros en igualdad de condiciones.
C.I.: ¿Cuáles han sido las dificultades más grandes para este proceso?
G.S.: Hay varias. Las más importantes tienen que ver con las grandes limitaciones que existen en los contextos de encierro. Si bien son entendibles,  a veces se sobreponen al desarrollo de este tipo de programas. Por ejemplo,  en algunas ocasiones no se permitía las salidas de las personas a los patios para llegar a la cátedra. En general fueron dificultades solventadas en medio del diálogo y la participación con las mismas autoridades penitenciarias.
C.I.: ¿Existen tensiones en medio de estas charlas, bien sea con el INPEC o por los mismos controles internos de las cárceles?



G.S.: Francamente en el desarrollo de las discusiones se dieron, por supuesto, posturas distintas pero siempre fueron discusiones respetuosas. Parte de la función del docente, más si se considera que estas cátedras están desarrolladas con la Universidad Pedagógica, era generar una pedagogía distinta y formar a la gente en algunos elementos básicos para cumplir las metas en términos del contenido al interior de sus propios espacios carcelarios. Fue tan amplia la primera experiencia que habían caciques, población LGBTI, paramilitares, insurgentes, población recluída por delitos comunes; incluso un militar. No obstante, las tensiones nunca llegaron al punto del fracaso o a generar dificultades que pusieran en jaque el desarrollo de los contenidos o del programa.

C.I.: ¿En las las cátedras participan estudiantes de la Universidad Pedagógica?
G.S.: No, no estaba previsto de esa manera. Logramos que, como parte del apoyo logístico o en algunos aspectos del desarrollo del programa, se fueron vinculando otras personas como estudiantes y demás, pero no necesariamente de la Universidad Pedagógica sino personas que vienen sensibilizándose en la defensa de los derechos humanos que apoyaron el desarrollo del programa.
CI MM/MP/22/09/16/12:30

CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA CRIMINAL EMITE CONCEPTO FAVORABLE A PROYECTO DE LEY 148 DE 2016 SOBRE DESHACINAMIENTO CARCELARIO



Tras el estudio de un borrador del proyecto de ley, de fecha 07 de julio, el Consejo Superior de Política Criminal, emitió concepto favorable al mismo. Las siguientes son algunas de sus consideraciones:

En primer lugar el Consejo “exalta que se reconozca la necesidad de establecer un régimen jurídico de la ejecución de la pena acorde con la crisis que vive el sistema penitenciario y carcelario del país. En efecto, no puede obviarse que más de 121.000 personas se encuentran sometidas a condiciones de reclusión que bien pueden ser catalogadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, de modo que se hace necesario establecer mecanismos que permitan reducir en un corto plazo la población privada de la libertad en los centros de reclusión y, simultáneamente, aminorar los efectos adversos asociados a la cárcel”.

Considera igualmente que el fin resocializador de la pena solo puede lograrse si se permite la progresiva incorporación del sentenciado al entorno social y familiar, por lo tanto reconoce que la flexibilización de requisitos de acceso a los permisos penitenciarios constituye un acierto. Así mismo, observa útil y necesaria la incorporación de las figuras del silencio administrativo positivo y presunción de redención, cuando se determine que la o el detenida/o no ha tenido acceso a cupos de trabajo, estudio o enseñanza por causas atribuibles al establecimiento, para desatrancar las dificultades de acceso a derechos y beneficios por situaciones ajenas a la población reclusa.

A la vez, destaca la importancia de ganar en la objetividad de los requisitos para acceder a la libertad condicional y de evitar una doble valoración de la conducta punible que actualmente se efectúa por el juez de ejecución de penas al momento de realizar el estudio sobre este derecho.

Efectúa importantes observaciones en relación con la figura del certificado de disponibilidad carcelaria, atendiendo el derecho de toda persona a no ser sometido a una pena cruel, inhumana o degradante.

Consulte el contenido del concepto en el siguiente enlace: 


NOTA. Es importante aclarar a nuestros lectores, que cada semestre reinicia la numeración de las iniciativas legislativas que se presentan, por esta razón, pueden existir dos Proyecto de Ley con el mismo número de radicado en el año. Este quedó radicado con fecha de 20 de septiembre de 2016.

Septiembre 23 de 2016 


EQUIPO JURIDICO PUEBLOS

martes, 20 de septiembre de 2016

RADICADO PROYECTO DE LEY QUE BUSCA DESHACINAR Y HUMANIZAR LAS CÁRCELES

Establecimiento Penitenciario de Palogordo Giron - Sder
Con mensaje de urgencia del gobierno nacional quedó radicado el proyecto de ley por No. 148, por medio del cual se busca avanzar hacia la construcción de una política criminal compatible con el derecho a la libertad.

El proyecto fue construido en medio de un proceso de estudio y participación de las personas privadas de la libertad agrupadas en el Movimiento Nacional carcelario, abogad@s, organizaciones de derechos humanos, académic@s y expert@s y comisiones de trabajo del Ministerio de Justicia y las unidades de trabajo legislativo de los congresistas Víctor Correa (representante a la cámara) y Alberto Castilla (Senador).

Los debates iniciarán en medio de una marcada cultura carcelera en nuestro país, una cultura que desconoce la realidad de la prisión y el alto costo que al Estado social de derecho le trae el encierro de cientos de personas en condiciones aberrantes e indignas, que pueden configurar incluso tortura.

Sin duda alguna, el trámite de este proyecto de ley implicará también el desarrollo de un trabajo de discusión y construcción que involucren amplios sectores de la sociedad, con miras a que el avance de la legislación en Colombia, vaya de la mano con una comprensión y visión más humana de la política criminal y carcelaria.

El camino por recorrer no será fácil y será la movilización y lucha por la libertad, la que contribuirá en la aprobación de una norma que empezará un nuevo camino de recuperación de la dignidad en los centros de reclusión del país.

Septiembre 20 de 2016

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS
MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO

GUARDIA PENITENCIARIA AMENAZA A POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD QUE PROTESTA EN CÓMBITA BOYACÁ

Lejos de respetar y garantizar el ejercicio de la huelga, iniciada por la población privada de la libertad del establecimiento penitenciario y carcelario de Cómbita – Boyacá, que exige la humanización y dignificación de las condiciones de reclusión, el sargento de la guardia penitenciaria, de apellido VACCA desplegó acciones, represivas que hasta el momento se ha concretado en la amenaza o intimidación contra los manifestantes.

Preocupan este tipo de prácticas, si se tiene en cuenta que se ha vuelto recurrente el uso de castigos velados o arbitrarios contra la población reclusa que ejerce su derecho a la protesta, a través de traslados, aislamiento, sanciones disciplinarias que van desde el descuento de la redención hasta el impedimento de recibir visitas.

Desde la noche del día 18 de septiembre, detenidos de todos los pabellones del Establecimiento penitenciario y carcelario de alta seguridad de Cómbita, se encuentran en una jornada de protesta pacífica por las deficientes condiciones de reclusión, que desconocen la dignidad y la vida digna de las personas privadas de la libertad.

Señalan los detenidos que la alimentación que reciben de la empresa privada SERVIALIMENTAR es pésima en calidad y gramaje; que a pesar de la emergencia carcelaria, la atención en salud es inadecuada, que se han presentado serios problemas de comunicación en los últimos días, violando de manera abierta y permanente una pluralidad de derechos, sin que sus reclamanciones de solución previas hayan sido atendidas por las autoridades competentes.

El derecho a la resistencia le asiste a toda persona o colectividad que vea afectada sus mínimos de vida digna, máxime cuando se encuentran sometidas a relaciones especiales de sujeción.

Las reclamaciones de los detenidos del EPAMS - Cómbita hoy merecen de una vez por todas soluciones inmediatas. Las causas de estas problemáticas que conllevaron, entre otras, a las declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional, tienen su origen en la privatización gradual –a través de la tercerización de servicios- que se viene implementando en las cárceles y penitenciarías del país y que convierten en un rentable negocio la garantía de los derechos humanos.

Instamos a las autoridades penitenciarias a atender las exigencias, por demás justas, de las personas en huelga y abstenerse de imponer castigos por el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es la Resistencia. Solicitamos a los entes de control, acompañar y estar vigilantes de esta acción y la actuación de las entidades llamadas a dar solución a la misma. Finalmente, requerimos al Ministerio de Justicia para que revalúe la privatización como medio para garantizar derechos, habida cuenta que la realidad indica que es causa de la vulneración de los mismos.

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

lunes, 19 de septiembre de 2016

EN DECADENCIA SE ENCUENTRAN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE LA CARCEL DE LA DORADA - CALDAS

Aunque la recreación y el deporte hacen parte y son necesarias en el tratamiento penitenciario de las personas privadas de la libertad, detenidos del Establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de La Dorada Caldas, denunciaron ante la Fiscalía y la Procuraduría, el evidente deterioro de las canchas de baloncesto y microfútbol del establecimiento.

Indica que hace varios meses las cestas de las primeras, fueron retiradas de los patios bajo el argumento de que en las mismas, los internos guardaban elementos prohibidos. Señalan a su vez que los arcos de las canchas de microfútbol se encuentran oxidados sin que se le realicen los arreglos pertinentes.

Este hecho aparentemente insignificante, es una evidencia más de la permanente tensión entre la seguridad y los derechos humanos. El fin retributivo de la pena, sigue pesando sobre la necesidad de forjar espacios de preparación para la vida en libertad de la población reclusa, que a su vez resultan útiles en la prevención de la violencia intracarcelaria y el consumo de drogas.

Septiembre 16 de 2016

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

POR QUÉ SOLIDARIZARSE CON LOS DETENIDOS DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPCAMS DE CÓMBITA

Resistir, disentir y protestar, es un derecho y un deber, que surge en el momento mismo en que el Estado incumple su obligación de garantizar y respetar el goce efectivo de los derechos humanos. La realidad de las cárceles y penitenciarías del país habla de una violación sistemática de tal compromiso estatal que hoy justifica la Huelga general en el EPCAMS de Cómbita – Boyacá.

A continuación, la voz de los detenidos, sobre la problemática que los lleva a acudir a la protesta:

El pasado 18 de junio fuimos llevados 14 internos a la torre 08 donde hay calabozos de castigo; estos sitios sin agua, los sanitarios tapados… de materia fecal, no cuentan con luz, el patio está lleno de residuos de alimentos con olores nauseabundos y criaderos de zancudos, el sifón tapado y lleno todo de agua. No nos proporcionaron ninguna clase de abrigos… colchonetas, cobija, expuestos a la temperatura extrema del frío…

… La parte de la alimentación: lamentablemente la empresa SERVIALIMENTAR no está cumpliendo con los gramajes establecidos, en la proteínas de pollo, res, cerdo, pescado, llegan muy por debajo del gramaje, la preparación es totalmente pésima, dentro del menú aparece carne sudada y llega es sancochada sin sabor, lo mismo que el pollo sudado llega sancochado, y cuando es frito llega el gramaje de la presa como a mitad de lo establecido, el gramaje establecido es de 60 gramos y nos está llegando de 30 gramos, la ensalada es de 50 gramos y nos dan 20 gramos. El recado está llegando muy malo, papas duras y con partes dañadas. El queso llega muy por debajo del gramaje, el gramaje es de 40 gramos y nos dan 30 gramos, el pan muy pequeño y duro. El chocolate es pura agua. Las sopas sin recado prácticamente pura agua muy simples sin sabor. La proteína que debería ser ganado nos están suministrando es carne de caballo con un sabor horrible, el pasado 06 de agosto en horas de la comida me salió una porción de la supuesta carne de res… ¡bien dura! Y de puro lagarto que es imposible ingerirla. El 07 de agosto en horas del medio día, del almuerzo, una carne de caballo con un olor, sabor, contextura muy diferente al de ganado y la carne la traen entremezclada res y caballo y la alimentación llega demasiado fría… y no contamos con horno para calentar los alimentos.

Los horarios para la entrega de los alimentos no los cumplen, ya que llegan a deshoras, como viene sucediendo, el 22 de julio de 2016 el almuerzo llegó a la 1:40 de la tarde, de igual forma el desayuno y la comida.

La fruta que debería ser variada, como está estipulado, en el menú patrón, pera, granadilla, mango, banano, papaya, mandarina, manzana y solo nos suministran naranjas…

…La salud: la parte fundamental, del ser humano y donde el INPEC, la USPEC, la FIDUPREVISORA PPL y FIDUCIARIA de salud, donde hay internos que tienen enfermedades como VIH y no les suministran los alimentos y medicamentos esenciales entre ellos, el interno XYZ quien padece esta enfermedad y hasta el momento no le han solucionado nada y así están todos, los médicos lo que le dijeron fue que mandara comprar los medicamentos, ya que no contaban con los recursos para comprarlos, de igual forma hay muchos intenos que padecen otras enfermedades como el caso del señor ABC quien envió derecho fundamental de petición en julio 18 de 2016 y hasta la fecha no ha tenido respuestas ya que el sufre de cálculos en los riñones que en oportunidades orina sangre y no ha sido valorado por el médico del establecimiento, de igual forma muchos más que tienen muchas enfermedades y no son atendidos oportunamente.

(…)

La parte de visita, no permiten la visita de los sobrinos, solamente de hijos, ni hijastros, en los días de visita familiar y de niños.

La entrada de las encomiendas solo se nos permite una al mes, en mi caso el 03 de agosto no me permitieron el ingreso de una chaqueta porque era de color azul y a sabiendas de que no tengo chaqueta para el frío…

Las sillas de los cubículos de visita las sillas y las mesas están totalmente deteriorados, no hay cafetería para que los visitantes puedan tomarse alguna bebida caliente, no hay sitio de recreación  para los niños.

La resocialización está muy pésima, no hay convenios con el SENA ni la Universidad para capacitarnos, no hay clasificación de internos…

Solidaridad con los detenidos del Establecimiento penitenciario y carcelario de alta y mediana seguridad de Cómbita.

Septiembre 19 de 2016

EQUIPO JURIDICO PUEBLOS