Equipo Jurídico Pueblos

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sábado, 16 de septiembre de 2017

CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL: UNA EXPRESIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO

*Por Equipo Jurídico Pueblos

1- Caracterizando los efectos de la criminalización contra el movimiento social

La política criminal en Colombia ha estado intencionalmente direccionada hacia la creación de conductas que sancionan penalmente acciones propias del movimiento social[1], buscando intimidar por vía de la prohibición y sanción a los sectores populares que se movilizan. El delito y la pena, desde la perspectiva estatal, se encuentra asociados a un fin de prevención general, que supone una advertencia a la sociedad para que no incurra en determinadas conductas que se consideran proscritas.

Lo más grave de esta forma de criminalización del movimiento social, no es en sí mismo la pretensión de encarcelar a quien ejercer un derecho fundamental como lo es la protesta social o la libre expresión del pensamiento, sino el efecto desmovilizador que genera al incorporarlas como delito, incluso sin necesidad de acudir a la represión - judicialización.

La adopción de formas de protesta, conforme a los estándares permitidos por el establecimiento -“pacífica”-; sin costos, sin presión, desprovistas de la beligerancia requerida para dejar sentadas cuando menos las bases de las reformas pretendidas, ha sido una de las más notorias victorias del poder, con la incorporación de los aludidos delitos. Los llamados a morigerar, incluso la condena pública por acudir a las vías de hecho durante las manifestaciones, constituyen otra secuela vergonzosa de ello.

Por otro lado, la criminalización al movimiento social se concreta en la judicialización selectiva o masiva de voceros, activistas y miembros de las comunidades; bajo acusaciones estigmatizantes con cargos de terrorismo, rebelión, entre otros delitos; como castigo por su acción ante el cierre de espacios institucionales.

Dicho de otra forma, la criminalización y judicialización busca desvertebrar el movimiento popular, desmovilizar, dividir y atemorizar a las comunidades, convirtiendo en blanco de la acción judicial a quienes se oponen a la imposición de los intereses económicos de multinacionales; a quienes resisten desde la cotidianidad con su permanencia en los territorios, máxime si plantean y defienden proyectos políticos alternativos.

La detención de un/a campesino, obrero, activista estudiantil, genera naturales temores, que se multiplican cuando se está ante el fenómeno de una captura masiva. La incertidumbre, la zozobra, las angustias, la desestabilización del trabajo organizativo, son parte de los efectos calculados de esta práctica del terrorismo de Estado. Pero tal vez la más grave consecuencia está en provocar divisiones, en sembrar dudas y provocar señalamientos al interior de las mismas comunidades y procesos.

2- Criminalización una aplicación de la doctrina del enemigo interno

Garantizar la hegemonía de un sistema político y económico, implica una constante reconfiguración de los esquemas de dominación. La criminalización y judicialización hace parte de la construcción “social” (no desde las mayorías) del enemigo interno; esto es, de aquel actor individual o colectivo, al que se justifica encarcelar y si es necesario exterminar, porque confronta el status quo, o constituye un obstáculo en la implementación de intereses de las minorías en el poder.

El enemigo interno en Colombia, ha sido edificado desde unas clases dominantes sumisas del imperialismo norteamericano, que a su vez ha sido ejemplo de desplegar todo su arsenal ofensivo para garantizar su hegemonía regional y mundial. Desde la guerra fría hasta hoy, el enemigo interno se ha construido a partir de la máxima de “quien no está conmigo, está contra mí”.

El derecho penal es una herramienta de las clases en el poder, para resolver las contradicciones o conflictos sociales. Por lo tanto, no es ajeno a la doctrina del enemigo interno. Al contario, hace parte de las más poderosas armas de guerra que buscan, como ya se indicó, debilitar a quien considera su adversario o su obstáculo.

En este sentido, debe entenderse que la criminalización del movimiento social, no es en un fin en sí mismo; sino un medio, un instrumento más de represión; un arma entre otras (el desprestigio, el desplazamiento, los asesinatos y cualquier violación de ddhh) que se usa para desarticular y exterminar todo brote de resistencia.

3- Criminalización como expresión del derecho penal de enemigo

“Es un fenómeno que se da en todos los ordenamientos jurídicos de los países occidentales, y consiste en sancionar la conducta de un sujeto peligroso en una etapa muy anterior a un acto delictivo, sin esperar a una lesión posterior tardía. Se sancionan la conducta y la peligrosidad del sujeto, y no sus actos. El mismo fenómeno se da en el ámbito procesal, especialmente con la restricción de algunos ámbitos privados. Por ejemplo, la posibilidad de allanamiento de morada con fines investigativos, la posibilidad de registro de viviendas o la instalación de micrófonos o instrumentos para escuchas telefónicas. En esencia, el concepto de derecho penal del enemigo es una noción descriptiva que define algo existente en los ordenamientos democráticos actuales y designa aquellos supuestos de especial peligrosidad para distinguirlos de aquellos otros supuestos en los que se produce una relación jurídica entre ciudadanos[2] plantea Jackobs Gunter, uno de los mayores exponentes del derecho penal del enemigo.

De tal manera, hablar de la aplicación del derecho penal del enemigo contra el movimiento social, tiene implicaciones concretas: a) La acción del Estado está dirigida, no a reaccionar frente a un hecho delictivo en concreto, sino a prevenir los efectos de la organización social, por considerarla un obstáculo para la imposición de los intereses del capital; b) Se despoja al actor individual o social, de todo derecho, de toda garantía.

En esta línea argumentativa, se entienden los modelos de juzgamiento contra campesinos y habitantes de la ciudad caracterizados por imputaciones severas, privación de la libertad bajo presunciones de peligrosidad, prolongación de los términos de investigación y juzgamiento, el encarcelamiento en establecimientos de alta seguridad lejanos de los lugares de arraigo social y familiar de lxs acusadxs, entre otros mecanismos restrictivos de derechos.

4- La criminalización del movimiento social: Una práctica estatal en beneficio de intereses del capital

Héctor Barbero y Guadalupe Godoy en el informe “La configuración del enemigo interno como parte del esquema represivo argentino Décadas de 1950 - 1960”, logran plasmar con suficiencia la relación directa entre los modelos de represión estatal, entre ellos la criminalización y los intereses del capital, de moldear las clases subalternas y la neutralización del movimiento que impugna el sistema establecido:

“Las formas en que a lo largo de la historia se articula el modo de producción capitalista generan modelos económicos que, en última instancia, determinan la configuración interna de las clases sociales. Los requerimientos de la producción en cada uno de esos modelos económico-sociales plantean a la burguesía la necesidad de establecer distintos tipos de esquemas de dominación sobre las clases subalternas. Estas transformaciones en el modo por el cual el capital contiene las contradicciones primordiales entre los factores productivos parecieran generar en la conciencia colectiva un tipo social intrínsecamente negativo, pernicioso para la producción y el «bien común».

Este otro cultural por un lado excluye a los elementos sociales (individuos o grupos enteros) que no se adaptan a la producción o impugnan el sistema, mientras que por el otro dota de coherencia interna al cuerpo social, dándole entidad y límites definidos. La creación, denuncia y criminalización del otro cultural, verdadero enemigo interno del orden social, tiene por tanto una doble finalidad: educación de la mayor parte de las clases subalternas, moldeándolas según los requerimientos de las diferentes fases de la producción, y la neutralización de cualquier movimiento impugnatorio del sistema establecido, sea de tipo ideológico, es decir político, o puramente individual, es decir negación del rol social impuesto.

La realidad en los territorios donde se usa con mayor frecuencia el aparato judicial para reprimir los sectores populares organizados, estigmatizados y acusados como miembros o colaboradores de la insurgencia da cuenta de esta relación.

El capital moldea ideológicamente la población para que cumpla su rol en las distintas fases de producción; y en este propósito es útil el derecho penal (en su fin de prevención general). Pero también castiga severamente a quien se opone u obstruye sus intereses para lo cual se acude también a este instrumentos como parte de un modelo de represión.

5- La respuesta a la criminalización del movimiento social: Conclusiones, lecciones y propuestas

5.1- La criminalización y judicialización, son expresiones de un modelo de represión funcional a los intereses del sistema capitalista.

5.2- Es una expresión del terrorismo de Estado que busca desvertebrar el movimiento social: previniendo o exterminando cualquier brote de resistencia u oposición a los intereses de las clases en el poder.

5.3- Los efectos de la criminalización se evidencian en el moldeamiento de las expresiones de inconformidad social a las “formas” permitidas por el sistema; propósito al que consciente o inconscientemente, han cedido algunos sectores del movimiento social y de derechos humanos.

5.4- La judicialización impacta sicosocialmente a las comunidades y procesos organizativos, por lo que debe realizar una adecuada lectura de sus manifestaciones a efectos de evitar o frenar posibles focos de división y señalamientos al interior del Movimiento y su “desmovilización”;

5.5- La respuesta a la criminalización y judicialización del movimiento social debe ser integral. Tener en cuenta sus causas y todos sus efectos y por ende estar dirigida hacia distintos frentes:

5.5.1- Prevención
5.5.2- Formación política - creación o fortalecimiento de la conciencia política
5.5.3- Movilización - beligerancia
5.5.4- Defensa Jurídica y política del movimiento social.

5.6- Toda respuesta contra la criminalización y judicialización debe evitar la atomización, los personalismos, el culto a los liderazgos individuales y por el contrario promover la defensa del Movimiento social en su conjunto.

5.7- la respuesta a esta práctica del terrorismo de Estado, impone desenmascarar las instituciones y personas que desde los más altos niveles del poder diseñan las políticas de persecución judicial contra el movimiento social y sus intereses.


[1] La Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público; la Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial; el daño en bien ajeno y la Asonada, son expresiones propias de esta modalidad
[2] Entrevista completa en http://www.lanacion.com.ar/826258-el-enemigo-tiene-menos-derechos-dice-gunther-jakobs

sábado, 9 de septiembre de 2017

LAS ENCRUCIJADAS DEL SISTEMA JUDICIAL COLOMBIANO



Luego de ser notificado el habeas corpus interpuesto a favor de ocho campesinos de Becerril - Cesar; hacia las 10:30 de la noche de ayer, 08 de septiembre, fueron liberados del complejo penitenciario de Bogotá - Comeb, La Picota, siete de ellos. Al parecer, por errores de digitación en la boleta de libertad, aún se encuentra en reclusión Luis Oscar Galvis Sánchez.

El 05 de septiembre en horas de la mañana, un Juez de garantías de Valledupar ordenó la libertad de Jorge Enrique Mieles Velásquez, Wilson Paredes Aguilar, Cristo Antonio Pineda Castillo, William Paredes Aguilar, Luis Oscar Galvis Sánchez, Erasmo Galvis Sánchez, Huber Nel Duran Riobó y Cristo Humberto Calderón sin embargo, ésta sólo se hizo efectiva 4 días después, por lo que se configuró una prolongación ilegal de la privación este derecho.

La comunidad de Becerril y el Equipo Jurídico Pueblos, celebra la liberación de los labriegos, víctimas del abuso del poder judicial desde el 16 de junio de 2016. A su vez, solicitan a la judicatura realizar los ajustes necesarios a la documentación oficial, para poner fin a la privación de la libertad de Luis Oscar Galvis.

09 de septiembre de 2017

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

viernes, 8 de septiembre de 2017

ORDENAN LIBERTAD DE CAMPESINOS DE BECERRIL VÍCTIMAS DE MONTAJE JUDICIAL


El 5 de septiembre de 2017, un Juez de control de Garantías de Valledupar ordenó la libertad de los campesinos JORGE ENRIQUE MIELES VELÁSQUEZ, WILSON PAREDES AGUILAR, CRISTO ANTONIO PINEDA CASTILLO, WILLIAM PAREDES AGUILAR, LUIS OSCAR GALVIS SANCHEZ, ERASMO GALVES SANCHEZ, HUBER NEL DURAN RIOBÓ y CRISTO HUMBERTO CALDERÓN ROSSO, por vencimiento de términos. La decisión aún no se ha hecho efectiva.

Los campesinos fueron detenidos el 16 de junio de 2016, luego del paro agrario, campesino, étnico y popular, por solicitud del Despacho 47 de la antigua Unidad Nacional Anti Terrorismo a cargo de CESAR AUGUSTO TIBAMOSO FLECHAS. Desde su detención, la comunidad de Becerril (corregimiento de Estados Unidos) ha denunciado que  éste es otro montaje judicial diseñado por esta estructura de la Fiscalía, con la orientación directa del Ejército.

La medida de aseguramiento contra los campesinos, fue sustentada por la Fiscalía con base en las supuesta versión de dos desmovilizados del ELN, que posteriormente fueron víctimas de ejecución extrajudicial por parte del Ejército Nacional (Sobre el caso ver https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/09/urgente-nueva-ejecucion-extrajudicial.html) De acuerdo con lo informado por los familiares de los jóvenes ultimados y presentados falsamente como bajas en combate, ninguno de ellos conocía a los detenidos como miembros de la insurgencia y rendirían testimonio en el juicio en tal sentido.

JORGE ENRIQUE, WILSON, CRISTO ANTONIO, WILLIAM, LUIS OSCAR, ERASMO, HUBER NEL y CRISTO HUMBERTO fueron recluidos en el ERON - Picota, a kilómetros de distancia de sus familias y comunidad, sometidos a un régimen de alta seguridad y a las condiciones indignas de reclusión que padece la gran mayoría de la población en prisión.

Este caso se suma a otros tantos que se viene presentando en el país; y que guardan patrones de actuación estatal de alta similitud, por lo que los entendemos como sistemáticos, generalizados y premeditados actos de persecución contra el movimiento social, con fines económicos y políticos. Es igualmente ilustrativo de cómo el aparato judicial en Colombia se viene usando como arma de guerra. La Unidad nacional contra el Terrorismo (ahora dirección nacional contra el crimen organizado) es el instrumento a través del cual se ha desarrollado esta particular faceta del modelo de represión en el país.

A la sociedad en su conjunto le corresponde estudiar y desnudar la persecución judicial contra el movimiento popular, como una expresión más del terrorismo de Estado, rechazarla y exigir su eliminación.

8 de septiembre de 2017

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

jueves, 7 de septiembre de 2017

INTERNOS DE PALOGORDO DENUNCIAN ARBITRARIEDADES POR PARTE DEL INPEC

Los presos recluidos en la cárcel Palogordo de Girón - Santander, miembros del movimiento nacional carcelario, informamos a la comunidad Nacional e Internacional, familiares, amigos, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos, a los organismos de control como defensoría, procuraduría, contraloría y la superintendencia de industria y comercio y al mismo gobierno nacional, que denunciamos públicamente el abuso al que estamos siendo sometidos y la represión que se va a agudizar por parte de funcionarios del INPEC y del Director de Gestión Corporativa el señor JOSÉ MENESES MORENO RODRÍGUEZ al imponer un cobro por operación bancaria que nuestros familiares realicen ante el BANCO POPULAR en la cuenta única matriz de internos, por la suma de $ 2.000 pesos a partir de octubre del 2017.

Igualmente, denunciamos el mal servicio que viene prestando el expendido casa en el establecimiento penitenciario, producto de un recorte presupuestal por parte de la señora mayor JOHANA ANDREA MONTOYA CIFUENTES subdirectora de desarrollo de actividades productivas y encargada de gestionar el presupuesto y pautas para el manejo y venta de los productos de primera necesidad a la población reclusa, en los expendidos de cada uno de los establecimientos penitenciario y carcelario del país, en especial la penitenciaria de Palogordo de Girón.

Agradecemos a todos y a todas el acompañamiento de este problema. 

INTERNOS CÁRCEL DE PALOGORDO GIRÓN – SANTANDER
MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO


miércoles, 6 de septiembre de 2017

JUEZ ORDENA CONTINUAR INVESTIGACION PENAL CONTRA JUAN MANUEL FERNANDEZ, DESPLAZADOR DE LA COMUNIDAD DE PITALITO - CESAR

JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO
El 04 de septiembre un juez de la república tomó decisión sobre la solicitud de preclusión de la investigación elevada por la Fiscalía a favor de JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO, palmicultor, miembro de la reserva del ejército y beneficiario de “Agro-ingreso Seguro”, denunciado por la comunidad campesina de La Vereda Pitalito en el Municipio de Chimichagua - Cesar, por desplazamiento forzado.

Las víctimas lo denunciaron por el despojo,  las amenazas, actos de tortura física y sicológica y los hostigamientos contra la comunidad, además del secuestro de la Profesora Esther Carmen Martínez entre otros hechos ocurridos en el 2010, sin que hasta la fecha la Fiscalía 21 Especializada de Santa Marta a cargo de la Dra. MARTHA LIGIA BERNAL GARAY llame a imputación de cargos al Palmero. Por el contrario, se ha dedicado a hacer una defensa acérrima a favor del despojador, protegiendo a la parte fuerte, mientras revictimiza a más de 21 familias que habitaban los predios Pitalito y San Miguel, quienes como lo narran en sus declaraciones y denuncias, fueron obligadas a vender forzadamente sus derechos, y para lo cual la institucionalidad ha jugado un papel fundamental por cuanto faltando a la verdad legitimaron el despojo y la violación de derechos humanos.

Para la Fiscal MARTHA LIGIA BERNAL, el hecho del desplazamiento forzado nunca existió, por cuanto según ella, las supuestas víctimas vendieron sus derechos sobre la tierra de manera libre y sin coacciones; de forma absurda argumenta que después de cuatro años las comunidades no han aportado pruebas suficientes, trasladándoles una carga que les es propia al Estado.

De otra parte deja de lado que las mismas víctimas denunciaron que esas ventas fueron forzadas bajo presiones y amenazas de JUAN MANUEL FERNANDEZ protegido por miembros del ejército y personas oriundos de la Guajira quienes se encontraban armados con macocas.

El juez de conocimiento niega la preclusión la investigación con fundamento en lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia en sentido “que no debe existir duda alguna o controversia para que proceda la atipicidad de la conducta, ciertamente aparecen los contratos y otros elementos, si bien los ciudadanos dicen que recibieron dineros, de sus dichos se puede inferir que hay controversia, en razón a que denuncian que fueron presionados y coaccionados para recibir esas sumas, que recibieron amenazas, etc.., y uno de los presupuestos procesales que la Corte analiza a profundidad son los actos coactivos”.

Por tal motivo, para al juez, al no estar suficientemente evidenciada la voluntad de las víctimas en la venta de derechos sobre la tierra, no procede la preclusión y por ende dispone continuar el proceso penal. La Fiscalía deliberadamente ha pasado por alto, que existe el llamado “Desplazamiento Notarial” que es una forma de despojo recurrente en nuestro país y que ha afectado a miles de colombianos víctimas de los terratenientes, palmeros y ganaderos.

La decisión que fuera proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar, fue apelada por parte de la Fiscalía 21 Especializada de Santa Marta y la Defensa de JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DE CASTILLO.

El caso de la comunidad de Pitalito, sigue evidenciando la absoluta falta de voluntad institucional  por hacer justicia, reparar a las víctimas y en concreto restituir los derechos de campesinos y campesinas a quienes se les ha arrebatado no sólo de sus tierras sino su único medio de vida.

La Fiscalía se ha convertido en un nuevo escenario de legalización del despojo, lo cual desdice de la “paz” que se predica desde las clases dominantes; práctica que se agrava cuando se usa como aparato de extensión de la guerra (a través de la unidad nacional contra el terrorismo) contra el Movimiento social, con claros fines de protección de los intereses económicos del gran capital que involucran los territorios.

Ver video de otros hechos de despojos relacionados con el Palmero JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO: https://www.youtube.com/watch?v=td55jtlP99c

ALFREDO MOLANO BRAVO escribe sobre la comunidad campesina de pitalito - Cesar:

Septiembre 6 de 2017

EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS

martes, 5 de septiembre de 2017

URGENTE: NUEVA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL (FALSO POSITIVO) PERPETRADA POR LA DÉCIMA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL

Yair García - Fotografía de la Familia
A pesar del rechazo internacional por los numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en Colombia, las Fuerzas Militares continúan perpetrando esta aberrante política; nuevamente la Brigada Décima asesina a personas inocentes para mostrar resultados operacionales contra el Ejército de Liberación Nacional -ELN-.

El 5 de agosto de 2017 en la vereda las Mercedes, corregimiento de la Victoria de San Isidro del municipio de la Jagua de Ibirico - Cesar, fueron asesinados VICTOR JULIO BACA DURAN y YAIR GARCÍA por tropas del Batallón Especial Energético y vial No. 2 adscritos a la X Brigada Blindada al mando del general PABLO BONILLA VÁSQUEZ. Las víctimas fueron reportadas como “elenos” muertos en combate y luego presentados ante los medios de información.

Los dos hombres asesinados eran desmovilizados de la insurgencia, uno de ellos VICTOR JULIO BACA DURAN de 31 años de edad, viajó en el 2012 al sur de Bolívar ingresando al Frente Darío Ramírez Castro del ELN donde fue conocido con el nombre de “Camilo”; el 19 de octubre de 2014 desertó de esa organización presentándose ante la unidad “Arcabuz 2” del Batallón de Infantería mecanizado No. 4 “Gral Antonio Nariño del Ejército Nacional, en la vereda el Salto del municipio de Montecristo del departamento de Bolívar”; a pesar que nunca operó como guerrillero en el Centro y Norte del Cesar, el Fiscal 47 de la antigua Unidad Nacional Contra el Terrorismo CESAR AUGUSTO TIBAMOSA FLECHAS lo anunció como testigo de cargo en varios procesos penales contra campesinos víctimas de falsos positivos judiciales, entre esos los ocho labriegos del corregimiento de Estados Unidos del municipio de Becerril, detenidos por el Ejército luego de ser acusados de rebelión; lo que se pudo constatar, es que VICTOR JULIO BACA DURAN declararía en juicio oral la verdad de los hechos, motivo que pudo originar su asesinato por parte del Ejército Nacional.

Victor Julio Baca - Reporte del Ejército
Por información de testigos que lograron observar los cuerpos, las víctimas presentaban disparos de atrás hacia delante, incluso, el cuerpo de VICTOR JULIO BACA DURAN tenía puesto un pantalón Jean de color azul debajo del camuflado; en la escena del crimen solo aparece una de las víctimas, y a la familia de YAIR GARCÍA no les permitieron hacer el respectivo reconocimiento ni abrir el féretro. Se sabe que unos días antes, un miembro del Ejercito Nacional visitó en su residencia a VICTOR JULIO quien le dijo que se alistara porque en los próximos días harían un operativo; es de precisar que existe prueba documental que a VICTOR JULIO le consignaban en una cuenta del Banco Caja Social de Ahorros dinero por colaborar con el Ejercito Nacional.

Las ejecuciones extrajudiciales denominadas mediáticamente como falsos positivos son Crímenes de Lesa Humanidad; de acuerdo con la secretaría de la Corte Penal Internacional “a la fecha hay 817 sentencias condenatorias contra 961 miembros de las Fuerzas Armadas por falsos positivos, y para julio de este año (2017), se investigaban 2.241 casos de asesinatos extrajudiciales, con un total de 4.190 víctimas de estos crímenes”. Al profundizar el modus operandi, muchos de estos asesinatos se perpetraron no solo para mostrar resultados operaciones sino para ocultar otros crímenes, como en este caso concreto, cuya intención era encubrir los montajes judiciales que está realizando el Ejército Nacional con la complicidad de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

CODA Victor Julio Baca
Solicitamos la intervención de la Secretaría de Corte Penal Internacional; además de la Oficina del Alto Comisionado para los derechos Humanos de la ONU, para que el Estado Colombiano investigue genuinamente este crimen ordenando de inmediato que la investigación la asuma la justicia ordinaria y no la justicia penal militar como ocurre hasta el momento; igualmente responsabilizamos al Estado colombiano por la vida e integridad de los testigos y la destrucción de pruebas que permiten esclarecer este crimen que afecta la conciencia de la humanidad.

Es reprochable que en pleno proceso de implementación de acuerdos de paz firmados con las Farc-Ep y del proceso de negociación con el ELN en Quito, continúe ocurriendo estos graves hechos; lo que indica que las ejecuciones extrajudiciales son parte de una política de Estado de violaciones graves a los derechos humanos que no guarda relación ni directa ni indirectamente con el conflicto colombiano; por tanto, este doble asesinato y el resto de los procesos que existen por esta clase de crímenes no pueden ser remitidos a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Ver mas sobre Ejecuciones Extrajudiciales: https://www.youtube.com/watch?v=FX1WDJLKyaE

5 de septiembre de 2017

EQUIPO JURIDICO PUEBLOS

lunes, 4 de septiembre de 2017

INTERNOS DE CÓMBITA INICIAN HUELGA DE HAMBRE


Los internos de la penitenciaria de Cómbita, informamos a la comunidad Nacional e Internacional, organizaciones defensoras de los derechos humanos, entes de control y población en general.

Desde el día 20 de Junio iniciamos desobediencia pacifica para denunciar la violación sistemática y generalizada de los derechos de la población reclusa, los Tratos crueles e inhumanos, el hacinamiento y la pésima calidad de los alimentos entre otros, fecha en la cual se comenzó a contar sin camisa.

A partir del 20 de Julio no se reciben más internos en la penitenciaria ni en los patios.

El 20 de agosto se comenzó con la campaña "Cómbita Despierta" y el 23 de agosto el "CORES" ingresa en forma violenta y saca a cuatro compañeros quienes fueron trasladados para las cárceles de Jamundí y La Tramacúa como reataliación por participar en la jornada de protesta pacífica.

Ante los constantes incumplimientos por parte del Estado para dar solución estructural a la grave crisis carcelaria, de la falta de voluntad para otorgar rebaja de penas ante la visita del papa y con el anhelo y esperanza de lograr mitigar condenas.

Es así, ante este panorama, que los internos de esta penitenciaria a partir de hoy 4 de septiembre entramos en huelga de hambre, esperando que se de pronta respuesta a las problemáticas planteadas y esperamos que la respuesta del Inpec no sea la represión y tortura para quienes nos mantenemos en la desobediencia pacífica.

Después de 75 días en desobediencia, hacemos un llamado a la población en general para que rompan el silencio y apoyen estas expresiones de resistencia y dignidad que los internos hacemos desde las cárceles, y que rechacen todo tipo de acto violatorio de los derechos humanos que se puedan seguir presentando por estar exigiendo nuestros derechos.

Septiembre 4 de 2017

INTERNOS CÁRCEL DE CÓMBITA - BOYACÁ
MOVIMIENTO NACIONAL CARCELARIO